El abogado Emilio Guagnini, miembro de la organización Hijos-Tucumán, ha actuado como querellante en los juicios a Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, altos responsables de la violación de derechos humanos durante la dictadura en la zona noreste argentina.
Emma Gascó y Martín Cúneo / San Miguel de Tucumán (Argentina)
Tras su reciente condena a cadena perpetua en Córdoba, y como parte del tour de juicios a los que se enfrentan los represores argentinos, Jorge Rafael Videla pasará a partir del 15 de febrero por los tribunales de Tucumán. Ésta será la primera vez que el máximo dirigente de la Junta Militar sea juzgado en esta provincia, tristemente conocida por ser “la primera en albergar centros de detención clandestinos, un año antes de que se iniciara la dictadura”, según explica Emilio Guagnini, abogado e integrante de HIJOS-Tucumán. La historia del abogado viaja paralela a la de Argentina. En 1977, cuando Guagnini tenía un año y medio, fue secuestrado junto con sus padres y devuelto “en circunstancias no muy claras” a un tío abuelo militar, que lo envió con la parte más conservadora de la familia, en Tucumán. Sus padres no aparecieron. Ahora este familiar, indagado por el asesinato de los padres de Guagnini, quedó detenido por falso testimonio, sospechoso de haber colaborado en el secuestro. Pese a lo complicado de la situación familiar, el abogado afirma que “la justicia no tiene sangre ni apellidos”. Guagnini ha actuado como querellante en el juicio que se ha desarrollado en Tucumán contra el responsable de aquel ensayo previo de la dictadura, Antonio Domingo Bussi, y en la primera condena al responsable militar de todo el noroeste argentino, Luciano Benjamín Menéndez, recientemente también condenado a cadena perpetua en Córdoba.
DIAGONAL: ¿Qué han supuesto las condenas de los juicios a represores en Tucumán?
EMILIO GUAGNINI: Una victoria en muchos aspectos. Es muy sano para la sociedad saber que puede llegar a haber justicia, y es un ejemplo para toda América Latina. También, de alguna manera, han servido para que se logre reparar a los familiares y para asentar lo que realmente pasó. Acá en Tucumán, hace diez años se eligió como gobernador a Bussi, responsable de la represión en la provincia. Con los juicios se ha logrado que se tenga una visión más cercana a lo que sucedió. Ya sabemos que se trató de una política de terrorismo de Estado y que la represión empezó, al menos en Tucumán, antes del ’76. Y la imagen pública de Bussi por fin ha cambiado. Pese a esto, hay que tener en cuenta que la justicia después de 30 años es relativa porque no se va a conseguir condenar a todos los responsables, que no son sólo los militares sino también los civiles y los grupos económicos que estaban detrás. Además de la iglesia católica que, como institución, siempre tuvo conocimiento de lo que ocurría y en algunos casos hasta colaboró.
D.: ¿Cómo se desarrolló el juicio a Bussi?
E.G.: La causa se llamó Jefatura de Policía y era por 22 víctimas contra siete imputados. Cuatro eran militares, entre ellos Menéndez y Bussi, y tres eran policías provinciales, entre ellos Roberto ‘el tuerto’ Albornoz, jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC). Antes de la sentencia, Bussi aprovechó problemas de salud para ser apartado. De todas formas ya había sido condenado en 2008, por el asesinato del senador Vargas Aignasse. El veredicto fue prisión perpetua para Menéndez, Albornoz y para los policías provinciales prisión, pero por menos años. Fue una gran victoria, en particular haber conseguido prisión común y efectiva. En el juicio de Vargas Aignasse se había dicho que por su edad le correspondía prisión domiciliaria. Nosotros entendemos que por la naturaleza aberrante de los delitos tienen que estar en prisión y en cárcel común. Hay muchas personas que tienen más de 70 años, que tienen una enfermedad terminal y que no gozan del beneficio de prisión domiciliaria.
D.: En una de las causas también está como acusada Isabelita Martínez de Perón.
E.G.: La represión no empezó como por arte de magia un 24 de marzo de 1976. Ya desde los años ’60 había distintos reclamos sociales. En Tucumán se dio el tucumanazo, de 1969, con reclamos universitarios y demandas en relación a los obreros de la caña de azúcar en los ingenios. Tras la muerte de Perón, con Isabel Martínez de Perón en el poder, se empezó a reprimir a los militantes de izquierda. Ya empezó la represión en el Gobierno democrático, en el ’74 y el ’75. En Tucumán se desarrolló el Operativo Independencia, del ’75 y ’76, y surgieron los primeros centros clandestinos de detención, como el de Famaillá. Isabelita dictó los decretos que expresamente decían “aniquilar el accionar subversivo”. Ella era la responsable del Estado y las fuerzas armadas. Nosotros impulsamos las causas por el operativo Independencia y eso traerá discusiones porque tiene que ver con el peronismo. Pero es una realidad, le pese a quien le pese.
D.: ¿En qué consistió el Operativo Independencia?
E.G.: La represión se realiza en contra de la población civil con la justificación de que había grupos armados. Esos grupos armados existieron, pero eran muy reducidos en su número. Magnificaron y aprovecharon ese hecho para justificar una guerra que no era tal. Movilizaron a unos 5.000 militares contra 80 guerrilleros en el monte. Cuando termina el operativo, Acdel Vilas, que estaba a cargo, afirma que “la misión ya está cumplida”. Sin embargo, cuando se inicia la dictadura en el ’76, avanzaron más en el mismo operativo. Los detenidos eran estudiantes, obreros del sector sur de la provincia, dirigentes gremiales, docentes, militantes políticos y grupos armados. Se atacó a la sociedad y, entre todos ellos, a los grupos armados. Entrenado por la CIA, Bussi aprendió la teoría francesa sobre represión que Francia practicó en Argelia con grupos independentistas en los años ’60. Esa teoría se aplicó en Tucumán y lo mismo hicieron todas las dictaduras americanas. Es importante señalar el contexto histórico de Guerra Fría, porque si no no se entiende.
D.: ¿Cómo funcionó el circuito represivo en la provincia de Tucumán?
E.G.: Cualquier persona que era detenida iba a la jefatura de Policía. Ahí funcionaba un sector, que era un lugar de tránsito, donde se centralizaba la información. Los primeros días, clave según la doctrina francesa, torturaban salvajemente a la persona y la información obtenida era utilizada para detener a otra. Después decidían si la blanqueaban, la mandaban al sur o a la base Arsenal Miguel de Azcuénaga, que ya era un centro clandestino más grande, casi un centro clandestino de exterminio. Cuando escribían en el listado la sigla “DF”, disposición final, significaba la muerte y su desaparición. Hay muchos más supervivientes de Jefatura que de Arsenal, porque en Arsenal estaban las fosas. Es difícil hacer la estimación, pero por el Arsenal habrán pasado unas 5.000 personas. Actualmente hay unas 800 causas; hay víctimas sin causa y causas que tienen varias víctimas. Para agilizar las causas, los organismos de derechos humanos y querellantes intentamos impulsarlas con criterios de unificación por centro clandestino de detención o por periodos de tiempo. En Tucumán casi todas están por centro.
D.: ¿Y la estructura de mando?
E.G.: El Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y las Gendarmerías Provinciales actuaban de manera coordinada y conjunta. Todo el país estaba dividido en zonas. Las órdenes bajaban desde la junta militar. Tucumán dependía de la región del noroeste, cuyo centro era Córdoba, donde estaba Menéndez y él daba las órdenes a la quinta brigada de infantería, de la que Bussi era responsable. Después estaba un subjefe, también militar. Y después pasaba al jefe de Policía de la Provincia, que era una especie de interventor militar: Zimmerman, que murió antes de ser condenado en la causa Jefatura de Policía. Luego bajaba a los policías provinciales, que ponían en práctica la represión. Estas policías formaban grupos de tarea, también llamados patotas, y acá el SIC, que iban y realizaban los operativos en casas. Para que una sola persona haya sido secuestrada, retenida, torturada y su cuerpo desaparecido después de matarla no puede haber un sólo responsable. La responsabilidad por un único detenido es por lo menos de 20 personas y las responsabilidades no son las mismas.
D.: ¿Quién impulsa las causas?
E.G.: Somos pocos, cuatro o cinco abogados jóvenes. De hecho, la mayoría de las causas que hay hoy tienen su origen en los años ’80. En esa época se formó un grupo de trabajo, al que perteneció Laura Figueroa, todavía abogada querellante, que inició los primeros reclamos. Aparte, el Estado siempre está representado por el fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación puso a la secretaria como querellante. Siempre trabajamos en conjunto y articulamos estrategias, aunque en algunos puntos en particular diferimos. Nosotros impulsamos todos los delitos en el marco de genocidio, a diferencia de otras querellas o fiscalías.
D.: ¿Por qué Hijos Tucumán considera necesario hablar de genocidio?
E.G.: Nosotros sostenemos que todas las causas en donde hay delitos de lesa humanidad tienen que ser encuadradas dentro del marco del delito internacional de genocidio. Lo que se intentó hacer fue eliminar a un grupo nacional que se oponía al régimen. ¿Quiénes eran opositores políticos? En muchos casos se trataba de militantes políticos. Pero otras veces esa oposición la daban religiosos tercermundistas que fueron desaparecidos, como unas monjas francesas, estudiantes secundarios, dirigentes gremiales, docentes… El abanico de la sociedad que fue víctima del terrorismo de Estado hace que se encuadre dentro del delito de genocidio. La condena es la misma, pero tiene que ver con un posicionamiento político y jurídico. Aquí en Tucumán no se consiguió.
Originariamente el término genocidio era el intento de eliminación de un grupo nacional por causas religiosas, políticas, económicas y raciales. Por presiones principalmente de Rusia y EE UU se omitió “por causas políticas”. Para nosotros es importante hablar de genocidio, pero no debemos perder la perspectiva: lo esencial es que se condene a los represores.
D.: ¿Cuáles serán las futuras causas?
E.G.: Posiblemente Jefatura II. Vamos a juzgar a la patota, el SIC, que eran los que secuestraban a la gente. Entonces eran jóvenes y hoy tienen 60 años y pasean tranquilamente por Tucumán, son policías retirados o trabajan en seguridad privada. En aquel entonces eran los privilegiados porque sacaban un botín de guerra: saqueaban las casas, los vehículos, alguna vez se quedaron con viviendas. Esta gente se debe estar viendo acorralada. En Tucumán va a ser difícil de cara a la seguridad de los testigos y de los supervivientes, de los abogados. Pero si no hubo miedo en los ’70, hoy menos.
