Del “que se vayan todos” al multitudinario homenaje a Néstor Kirchner hay diez años de transformaciones en la Argentina. Todos los activistas entrevistados (de los derechos humanos, del movimiento de trabajadores desocupados, feministas, etc.) coinciden en analizar el kirchnerismo como heredero del ciclo de movilizaciones que conmovieron la Argentina entre 1998 y 2002. Según afirman, los Kirchner supieron canalizar la protesta social para crear un nuevo modelo. Nada ha vuelto a ser lo mismo.

Emma Gascó y Martín Cúneo / Buenos Aires
Una cola de 25 manzanas separaba a Ofelia Villarreal de la Casa Rosada, donde la presidenta Cristina Fernández y los principales mandatarios latinoamericanos velaban el ataúd cerrado del ex presidente Néstor Kirchner. Ofelia había venido desde el lejano distrito bonaerense de José C. Paz para agradecer lo que ex presidente hizo por su barrio: “El gobierno de Kirchner nos ha ayudado muchísimo, con viviendas, con subsidios, con una nueva universidad…”.

El 27 de octubre la Plaza de Mayo estaba abarrotada. Las pintadas de apoyo al ex presidente cubrían todos los edificios históricos del centro, incluida la Catedral y el Cabildo. Un integrante del Movimiento de Participación Estudiantil Camilo Cienfuegos lo explicaba a su manera: “Este gobierno ha hecho un cambio anticonservador. Antes había políticas ultraneoliberales y si bien este gobierno no ha sido totalmente de izquierdas, sí creemos que hay un progreso en un montón de temas, discusiones que nunca antes se habían dado”. Juan Manuel Roca, uno de los 8.000 portuarios despedidos en la época del presidente -también peronista- Carlos Saúl Menem, había acudido para agradecer que el ex mandatario haya “solucionado” sus jubilaciones.

“El de Néstor Kirchner ha sido el tercer sepelio más popular en la historia de la Argentina después del de Perón y Evita”, recuerda sentado en la biblioteca de su casa Osvaldo Bayer, historiador y militante anarquista, en cuyo libro se inspiró la película La Patagonia Rebelde. “Con el matrimonio Kirchner se han logrado cosas que antes parecían imposibles. Gracias a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue posible juzgar a los criminales de la dictadura. La eliminación de la ley de radiodifusión permitió acabar con una norma que venía de la época del Proceso. También fue positiva la devolución del dinero de las jubilaciones privadas al Estado, la recomposición de la Corte Suprema [en manos de jueces menemistas] y muchas otras medidas que fueron dejadas de lado hasta ahora. No se logró todo lo que tendrían que haber hecho para democratizar el país, por eso hay que seguir empujando. Porque no hay verdadera democracia mientras haya niños con hambre, y en este año han muerto 204 sólo en la provincia de Misiones. Tampoco hay una verdadera democracia mientras haya villas miseria, y cada vez son más grandes”.

“Jefes, bandas y mafias”

Para Osvaldo Bayer, los avances de los últimos años tienen un reverso oscuro. “Néstor Kirchner se ha apoyado en cierta parte del sindicalismo, no muy honrado, presidido por Hugo Moyano, líder de la CGT. Muchos sindicatos han caído en un estado de corporativismo mafioso y eso ha traído una enorme deshonestidad y el dominio de jefes, de bandas y de mafias”.

Uno de los últimos escándalos que amenaza con salpicar a Hugo Moyano y al propio Gobierno, además del asesinato del activista Mariano Ferreyra, es la adulteración y facturación fraudulenta de medicamentos en las obras sociales [servicios de salud que prestan los gremios] para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, según denunció la ex ministra de Sanidad Graciela Ocaña. La ex ministra, que dimitió de su cargo el 29 de junio de 2009 ante la falta de apoyo y la presión de la CGT, señaló que Hugo Moyano estaba “construyendo un imperio económico ayudado” por el ex presidente Néstor Kirchner.

Unas acusaciones de corrupción que también salpican al gobierno por otros frentes. Miguel Bonasso, diputado nacional independiente y autor de la ley de protección de los glaciares, denunció en numerosas ocasiones la complicidad entre el Gobierno y la minera canadiense Barrick Gold. Además de beneficios impositivos para que la compañía lleve adelante la explotación de oro de Pascua Lama, en la provincia de San Juan, Bonasso denunció incompatibilidades flagrantes. El senador César Gioja, hermano del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, había ocupado un puesto como directivo de una proveedora de la Barrick Gold y como titular de la Comisión de Minería de la cámara alta. Bonasso también señaló al secretario de Minería Jorge Mayoral, “cuya vinculación con Barrick está probada, a través de la firma Milestone, en la que el funcionario tiene el 15% de acciones y directores cruzados con la minera canadiense”.

Unas complicidades que, según denunció Bonasso, llevaron a la presidenta a vetar en noviembre de 2008, después de aprobarse en el Congreso, la ley de protección de glaciares, que prohibía la utilización del agua de estas reservas de alta montaña para usos mineros. En septiembre de 2010, la ley de protección de glaciares volvía a aprobarse en el Congreso. Ésta vez no hubo veto. No parecía ser necesario. El Gobernador de San Juan, el kirchnerista José Luis Gioja, no tardó en declarar que no aplicaría la ley en su provincia en virtud de una cláusula constitucional, incluida con apoyo de Néstor Kirchner en la reforma de 1994, que regionalizaba el subsuelo, es decir, que dejaba a las provincias la negociación con las empresas multinacionales.

Algo parecido ocurre con los recursos petroleros. Según Eduardo Lucita, integrante del colectivo Economistas de Izquierdas, “la situación es peor de la que había con Carlos Menem y [su ministro de Economía] Domingo Cavallo”. Durante la administración kirchnerista, explica Lucita a Diagonal, “se pone en práctica la regionalización de las reservas petroleras decidida en el ‘94. Hoy el Estado nacional no tiene prácticamente posibilidad de injerencia en la política petrolera sino que depende de cada provincia. Y, obviamente, una provincia es más débil que el Estado nacional para negociar. De hecho, en este periodo se han renovado concesiones petroleras para 30 años más cuando todavía quedaban diez para que se venciera el contrato”.

En el principio fue la crisis

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia un 25 de mayo de 2003 su nombre impronunciable apenas era conocido por una pequeña parte de los argentinos. El rechazo popular a los políticos tradicionales, sobre todo al ex presidente Carlos Saúl Menem, que ganó en la primera vuelta con el 24%, fue más importante que sus propuestas electorales o su pasado como gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, donde cumplió un papel importante en la privatización de la petrolera estatal YPF a cambio de millonarios fondos para su provincia. Seguro de su derrota, Menem no se presentó a la segunda vuelta y Kirchner fue elegido presidente con el 22% de los votos.

“Antes de ser presidente nunca le habían importado los derechos humanos y fue totalmente menenista, es más, Cavallista, en su concepción económica. De hecho fue el primer gobernador que apoyó la reelección de Menem en 1995”, relata a Diagonal Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, una organización de derechos humanos independiente del kirchnerismo que logró en los recientes juicios contra la dictadura condenas tan emblemáticas como las de Miguel Etchecolatz o el sacerdote Von Wernich.

“Con respecto a Cristina Kirchner”, prosigue Fukman, “no apoyó ningún proyecto de anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los que se fueron presentando”. “Entonces, ¿qué les llevó a cambiar de política?”, se pregunta este activista, secuestrado y torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura.

“Lo que pasa”, se responde a sí mismo, “es que durante el Gobierno de Menem, en los ‘90, el pueblo había comprado eso de que estábamos por entrar en el primer mundo. Entonces, te decían que había que dejar de mirar para atrás. Y esto ocurría en todas las vertientes, en todos los aspectos de la vida, política, social, cultural, económica del país, no sólo en los derechos humanos”. Sin embargo, la crisis del modelo económico, basado en las privatizaciones, las desregulaciones, el ajuste fiscal y el acatamiento de las ‘recomendaciones’ de los organismos financieros internacionales, no tardó en llegar, echando por tierra toda ilusión de progreso. Desde 1998 a 2002, el PIB había caído un 19% y la inversión un 60%, el desempleo afectaba al 24% de la población y la pobreza a la mitad de los argentinos. “La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo”, dijo al asumir como presidente provisional Eduardo Duhalde en 2002, después de que el radical Fernando De la Rúa tuviera que abandonar la Casa Rosada en helicóptero y le sucedieran cinco presidentes en quince días.

“Si no estábamos en la puerta del primer mundo”, continúa Fuckman, ¿en dónde estábamos entonces”. Para ello había que volver la vista atrás, “comprender que el Gobierno de Menem había profundizado el modelo económico de la dictadura, que su ministro de Economía, Domingo Cavallo, había sido también el vicepresidente del Banco Central en tiempos de Videla y que frente a las grandes situaciones de crisis la solución siempre había sido la misma: la transferencia de capital desde los sectores medios y populares hacia el sector financiero”: en 1981 Cavallo nacionalizó la deuda de los bancos en quiebra; y en 2001, ya ministro de Economía con el Fernando De la Rúa, terminó esa transferencia desde la clase media hacia la banca en crisis con el Corralito”.

Las marchas contra la impunidad, el nacimiento de los movimientos de piqueteros, de trabajadores desocupados, las luchas sindicales y, después del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, la incorporación a la protesta de los sectores medios con las asambleas barriales y los cacerolazos contra el sistema bancario, empezaron a cambiar “el consenso social”, según Fukman. Los “vientos habían cambiado”, explica este activista de los derechos humanos.

El Frente Popular Darío Santillán agrupa hoy a muchos de los movimientos de trabajadores desocupados que nacieron al calor de la crisis; Carina López, integrante de esta plataforma, relata a Diagonal el espíritu de esa época de crisis: “En las elecciones legislativas de 2001 ganó el voto en blanco, el voto impugnado, el voto bronca, como se le llamó. Había una situación de no creer en las instituciones, de no creer en ningún partido político. Si las asambleas barriales se encontraban con un político, lo escracheaban espontáneamente, no importaba que fuera socialista, radical, vecinalista o peronista. Había una situación de no creer en la Corte Suprema, en los políticos, en el mismo sistema político de elección. Y eso es lo que viene a cambiar el Gobierno de Kirchner”.

La situación estaba fuera de control. Tras los asesinatos de los piqueteros Darío Santillán y Maximo Kosteki en el Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002, el presidente peronista Eduardo Duhalde se vio obligado a renunciar a su candidatura y presentar a quien los medios de la época interpretaron como su “hombre de paja”, Néstor Kirchner.

Kirchner, sin una base social propia, “supo hacer una relectura correcta de cuáles eran las demandas sociales, una demarcación de cuál es el espacio que cedería a las demandas populares”, admite a Diagonal Franco Basualdo, también activista del Frente Popular Darío Santillán. El objetivo era, según este activista, devolver la estabilidad, la legitimidad a la política, a las instituciones.

Eduardo Lucita coincide en señalar al kirchnerismo como hijo de las movilizaciones de 2001: “El kirchnerismo necesitaba responder a las demandas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Hace una política de derechos humanos, que no es la que la gente quería, pero mejor de la que había antes. Hace una política de desarrollo del mercado interno, de salario y de jubilaciones, que no es lo que la gente aspira, pero es mucho mejor que lo que había antes. Si se la compara con los ‘90 la diferencia es abismal”.

El final del túnel

Para Eduardo Lucita, la salida de esa crisis fueron dos medidas que no tomó el kirchnerismo sino dos administraciones provisionales anteriores: “Una es el no pago de casi el 80% de la deuda externa durante 38 meses. Esto permitió al Estado salir de la crisis financiera y recomponerse. La otra medida fue una enorme devaluación, que pulverizó los salarios y mejoró rápidamente las finanzas del Estado al devaluar también todas las deudas que tenía en pesos, mientras que los ingresos se mantenían en dolares por las exportaciones, que rápidamente reaccionaron de forma favorable. Esto mejoró la competitividad de los productos en el extranjero, al mismo tiempo que frenaba las importaciones. El balance comercial fue pronto positivo y el balance financiero también, algo nuevo en la economía argentina”.

Durante los años ‘90, el sistema que parecía haber terminado con la hiperinflación, la convertibilidad, terminó por arruinar la economía del país. La convertibilidad ataba el peso argentino al dólar favoreciendo las importaciones y perjudicando las exportaciones y la industria nacional, al tiempo que obligaba a captar continuamente divisas para mantener esa paridad artificial: cuando ya no quedaron casi empresas públicas para vender, la deuda externa alcanzó cifras nunca vistas. El modelo del menemismo había favorecido los movimientos especulativos y una fuerte alianza con los sectores financieros. Sin embargo, a partir de la devaluación, explica Lucita, “se cambia el orden dentro del bloque de poder económico: los grandes perdedores fueron el capital financiero y las empresas privatizadas, para ceder su lugar, en los primeros años de la era Kirchner, al bloque comandado por el capital productivo, agrario e industrial”. La situación empieza a cambiar después de 2008 con el conflicto por las retenciones móviles a las exportaciones del campo: “Ahora hay un proceso de disputa porque el capital financiero se ha repuesto, más de la mano nacional que de la mano extranjera. Hoy el gran apoyo al kirchnerismo es la banca nacional porque el Gobierno le da grandes negocios”.

Presidente busca base social

En sus primeros años de Gobierno, frente a la oposición del aparato del partido peronista representada por Eduardo Duhalde, Kirchner buscó ampliar su apoyo entre los sectores populares y medios. “Desarrolla una política de subsidios”, continúa Lucita, “no sólo con los sectores desocupados y marginales, más golpeados por la crisis, sino también con las empresas de los servicios públicos privatizados para que no aumenten las tarifas”. El Gobierno lanza una política hacia los desocupados y los sectores intermedios para favorecer las cooperativas de trabajo, con diversos planes, entre ellos el reciente plan Argentina Trabaja, una línea de subsidios que llega a cerca de 120.000 personas que se organizan en cooperativas para realizar obras públicas. Además, el gobierno de los K ofreció un relativo apoyo al movimiento de fábricas y empresas recuperadas, que en estos años no ha dejado de crecer en fábricas tomadas y número de empleados.

La reactivación industrial, el crecimiento de las exportaciones, sobre todo de la soja, y los efectos beneficiosos de “una economía mucho más productiva de lo que era en los ’90”, según Eduardo Lucita, permitió la mejora de las condiciones sociales, con una recuperación de salarios al nivel que tenían en 2001. Las mejoras en las jubilaciones, donde se produjeron 18 aumentos consecutivos, ayudaron a miles de personas mayores sin apenas recursos. Aunque “también es cierto -reconoce Lucita- que el 73% de los jubilados cobra la jubilación mínima, unos mil pesos”, cantidad que con las cifras de inflación actual convierte en muy difícil llegar a fin de mes.

Estas limitaciones del modelo se repiten en la distribución del ingreso. “Aunque la desocupación y las pensiones han mejorado y han bajado los niveles de pobreza, la distribución del ingreso sigue siendo prácticamente la misma que en 2002. Y la matriz de distribución del ingreso es prácticamente la misma que dejó la dictadura”, matiza Lucita.

Otro de los factores que más preocupación despierta entre los movimientos sociales son los efectos de un modelo económico que encuentra dos de sus grandes apoyos en el cultivo industrial de soja para la exportación y en la extracción de recursos naturales por parte de multinacionales, con graves consecuencias para el medio ambiente. La soja, un cultivo de gran rentabilidad gracias a la sostenida demanda internacional, los altos precios y sus dos cosechas anuales, pero también con enormes costes ambientales y sociales por el agotamiento del suelo y el uso de agrotóxicos, ha ido desplazando a otros cultivos y actividades destinadas a la alimentación, como la ganadería, que ha perdido ocho millones de hectáreas en favor de la soja.

El aumento del coste de vida ha sido otro de los puntos negros de la gestión del matrimonio Kirchner. El nuevo modelo económico traía aparejado un efecto adverso, un viejo conocido en la Argentina: la inflación. “Cuando empieza este proceso inflacionario a finales de 2006 -relata Lucita- el Gobierno no tiene mejor idea que intervenir el Instituto Nacional de Estadística, falseando los resultados. Hoy nadie sabe cuál es el índice de precios real. Aunque hay que admitir que eso le permitió al Gobierno ahorrarse unos 15 mil millones de dólares al haber una serie de bonos de la deuda vinculados al índice de precios, que son, después de la intervención mucho menores que en la realidad”.

¿Convencimiento o conveniencia?

Autoritarismo, falta de capacidad de negociación, malas formas, corrupción, ataques a la libertad de expresión… Entre el repertorio de críticas habituales de la oposición al kirchnerismo se encuentra el debate de si las medidas más progresistas tomadas por el oficialismo obedecen más al convencimiento o a la conveniencia política del momento.

Una de estas medidas es la ley de medios. Aprobada poco después del conflicto con los grandes terratenientes agroexportadores en 2008, la oposición acusó al kirchnerismo de querer limitar la libertad de expresión al reducir las posibilidades de expansión de medios como Clarín o La Nación, portavoces de la oposición política al kirchenerismo desde el conflicto con los exportadores de soja. Sin embargo, admite Lucita, “la ley de medios es absolutamente progresista. Recogió los 21 puntos que habían sido elaborados por una serie de medios alternativos, aunque hay una serie de ellos que tienen críticas porque no han sido incluidos. Pero todo el mundo reconoce que esta ley de medios es mejor que la que había antes”. Sin embargo, ésa no había sido la política de Néstor Kirchner al llegar al poder. De hecho en 2005 prolongó por diez años las concesiones a todos los medios de comunicación. Para Franco Basualdo, del Frente Popular Darío Santillán, muchas de estas leyes “son progresistas, pero aparecen a partir de conflictos políticos concretos que tiene el gobierno. La ley de medios en sí misma está bien, tiene algunas limitaciones -partimos de la base que todo esto se da dentro de un marco de recomposición de una institucionalidad capitalista-, pero, dentro de eso, si comparás esta ley con la anterior, es muchísimo mejor”. Además de limitar la concentración de medios, la nueva ley reconoce los medios sin fines de lucro y les asigna un tercio del dial. Sin embargo, reconocen desde Prensa de Frente, medio alternativo vinculado con el Frente Popular Darío Santillán, no queda claro qué se entiende por medios sin fines de lucro y no hay reglas que impidan una distribución arbitraria y clientelista de las licencias.

La nacionalización del sistema de jubilaciones privada, instaurado en tiempos de Carlos Saúl Menem, también fue visto como un avance por casi todos los colectivos y movimientos de izquierda, sin que por ello dejaran de arreciar las críticas de que con ello lo que se pretendía realmente era salvar una situación de escasa liquidez por la crisis internacional. “La nacionalización de las jubilaciones supuso transferir por un simple decreto más de cuatro mil millones de dólares que estaban en las cajas jubilatorias del sector privado a las arcas del Estado. El Gobierno lo rescató en plena crisis, cuando las jubilaciones estaban en picada y garantizó el pago de la jubilación. Y ése es un hecho absolutamente progresista”, explica Lucita.

La columna central del movimiento

“En 2002 todas las organizaciones estaban en la calle para conseguir reivindicaciones”, recuerda Carina López, del Frente Popular Darío Santillán. “Con el kirchnerismo, el Gobierno da con generosidad alimentos, planes, subsidios, apoyo económico para emprendimientos productivos, todo lo que uno se puede imaginar, hasta un lugar institucional dentro del Estado a las organizaciones que se suman al proyecto o que deciden no mostrar en las calles un antagonismo directo. Pero al mismo tiempo mantiene una política muy dura de cerrar puertas y deslegitimar a quienes se mantienen en las calles”.

Las tácticas para conseguir esta desmovilización en las calles, varían, según relata Franco Basualdo, del Frente Popular Darío Santillán: “Hubo organizaciones en las que les dijeron ‘ustedes que tienen mucho desarrollo en comedores, ¿por qué no toman la subsecretaría de políticas alimentarias?’ Barrios de Pie tuvo un subsecretario durante seis años. Y nunca más Barrios de Pie movilizó contra el kirchnerismo. Ahora, cuando rompieron con el Gobierno pareciera que el kirchnerismo era el infierno”.

“Siempre estuvimos alineados del otro lado, era muy fácil estar en contra. Es la primera vez que nos vemos ante un proceso como éste”, cuenta Verónica Marzano, de Lesbianas y Feministas por el Derechos al Aborto. Marzano señala el doble discurso oficialista en cuestiones de género. Por un lado aprueba la ley de Matrimonio Homosexual y lanza la Asignación Universal por Hijo, un subsidio mensual que el Estado da a condición de que cada niño esté escolarizado y vacunado y que “impacta en primer lugar en las mujeres”. Por otro, afirma Marzano, sigue penalizando el aborto en prácticamente todos los casos, dejando a las mujeres en la indefensión total.

Esta situación inédita ha provocado divisiones internas en algunos de los movimientos sociales más fuertes, como es el caso del movimiento de fábricas y empresas recuperadas o del movimiento de trabajadores desocupados. También es el caso de los sindicatos más combativos, como demuestra la actual crisis en el seno de la CTA, con 1.400.000 afiliados, entre los sectores más afines al kirchnerismo liderados por Hugo Yasky y los más críticos con el Gobierno.

En el ámbito de los derechos humanos, las divisiones entre los organismos históricos dedicados al periodo de la dictadura y los grupos que pretendían seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en el presente y mantener una posición crítica con el Gobierno estaba servida. El kirchnerismo viene a satisfacer una reivindicación que venía reclamando una generación de militantes y ex militantes de los años ‘70. “Cuando llega Kirchner y dice ‘yo soy hijo de las madres de Plaza de Mayo’, eso le gana a cualquier tipo que le mataron a todos sus amigos y compañeros”, dice Franco Basualdo.

Frente a este panorama y tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, “una enorme proporción” de movimientos de derechos humanos, según comenta María del Carmen Verdú, de la organización antirrepresiva Correpi, “optaron por subirse directamente al protoplasma del partido del gobierno”.

A pesar de que Enrique Fukman, de la AEDD, reconoce que Argentina es probablemente “el país donde más se ha avanzado en la toma de conciencia y en la lucha contra la impunidad” mantiene una posición crítica con el oficialismo: “El Gobierno no ha facilitado pruebas y la actitud de los fiscales, representantes del Estado, ha sido de formar parte del desguace de las causas, teniendo en vez de un juicio por centro de detención, uno por cada víctima”.

Para Fukman, “la postura del Gobierno quedó definida por el procurador general de la Nacion, Esteban Righi, cuando dijo que había que realizar un juicio emblemático en cada lugar y eso generaría una sensación de justicia. Nuestro triunfo es que en casi todos lados vamos por el segundo, por el tercer o por el cuarto juicio. No podían evitar que el primer juicio actuara como motor del resto”. Según sus datos, cerca de 120 criminales de la dictadura fueron condenados y 500 procesados desde la anulación de las leyes aprobadas en el gobierno de Raúl Alfonsín.

Esta división interna de los movimientos se vio rápidamente acentuada por la arremetida de la derecha y los grandes medios de comunicación. “Se crea un polarización -cuenta Fukman-, una situación de ‘o estás conmigo o estás contra mí’. Eso lo generaron los Kirchner porque les convenía, pero también marca un déficit de la izquierda, que no ha sabido expresar alternativas”.

Para Lucita el problema es que “se ha perdido capacidad de desarrollar políticas independientes. El kirchnerismo lo confronta todo y obliga a tomar posición. Y frente a los debates que se han lanzado en los últimos tiempos no puedes quedarte al margen”. El economista pone como ejemplo la polémica de 2009 sobre el pago de la deuda externa: “Toda la crítica de la derecha es que no hay que pagar la deuda con reservas sino con dinero sacado del presupuesto. Desde el punto de vista de los trabajadores, es mejor pagarla con reservas que con presupuesto, ya que si pagas con presupuesto tienes que hacer un ajuste. El Gobierno fue capaz de plantear el pago de la deuda como algo de izquierdas, cuando lo realmente progresista, como nosotros proponíamos, era no pagarla”.